Impulsan en el Senado reforma contra violencia política de género a través de plataformas digitales
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La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha presentado una iniciativa legislativa con el objetivo de proteger a las mujeres contra la violencia política de género que se lleva a cabo a través de plataformas digitales.
En su propuesta, la legisladora define la violencia política de género digital como aquella que se ejecuta mediante medios digitales, tales como mensajería web, publicaciones en redes sociales o dispositivos telefónicos. Ballesteros Mancilla basa su iniciativa en el reporte “Violencia política a través de las tecnologías en México”, elaborado por la organización Luchadoras MX, que documenta las agresiones sufridas por mujeres durante el proceso electoral mexicano de 2018.
El informe revela que se identificaron 85 agresiones asociadas a tecnologías digitales dirigidas a 62 candidatas en 24 estados del país. Las principales vías de agresión fueron WhatsApp, llamadas telefónicas, Facebook y Twitter. Sorprendentemente, en el 52 por ciento de los casos, la agresión provino de personas desconocidas, mientras que, en el 33 por ciento de los casos, no se contaba con información suficiente para caracterizar a los agresores.
Este hallazgo sugiere la existencia de agresores de violencia política de género digital cuya identidad permanece desconocida, posiblemente debido a la facilidad para crear perfiles falsos en línea.
Ballesteros Mancilla subraya que la violencia política contra las mujeres puede provenir tanto de personas en general como de servidores públicos, con el propósito de dirigirse específicamente a la condición de mujer y afectar sus derechos político-electorales.
En respuesta, la senadora propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La iniciativa busca definir la “violencia política de género digital” como cualquier contenido difundido a través de mensajería web, llamadas telefónicas o contenido digital con el objetivo de monitorear, acosar, sexualizar, desprestigiar, amenazar y menoscabar los derechos político-electorales basados en género, identidad u orientación sexual.
La propuesta destaca que estas agresiones pueden ser perpetradas por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, medios de comunicación y particulares, tanto individualmente como en grupo. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 6 de marzo y ha sido turnada a las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Digitales y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
