Comunidad Ikoots exige justicia y denuncian a empresario como generador de violencia
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Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de febrero de 2024.- A más de tres años de la masacre ocurrida en Huazantlán del Río, integrantes de la Comisión de Paz y Concordia de San Mateo del Mar alzaron la voz nuevamente para denunciar la actuación del empresario Jorge Leoncio Arroyo, a quien señalan como un actor clave en la desestabilización del tejido comunitario y como uno de los beneficiarios políticos y económicos de la tragedia.
De acuerdo con representantes del pueblo Ikoots, Arroyo ha intervenido de forma ilegítima en los asuntos internos de San Mateo del Mar desde al menos 2017, alentando un clima de confrontación y violencia que culminó con los hechos sangrientos de mayo y junio de 2020.
“El pueblo indígena Ikoots ha decidido no guardar más silencio y exponer los intereses políticos y económicos de Jorge Arroyo, quien no pertenece a la comunidad y cuya participación ha sido perjudicial desde hace años”, expresaron en conferencia de prensa realizada en la capital oaxaqueña.
Recordaron que el 21 de junio de 2020, cientos de comuneros se dirigían en camionetas colectivas hacia la agencia de Huazantlán del Río para llevar a cabo una asamblea general —convocada bajo sus propios sistemas normativos internos— con el fin de analizar la creciente violencia en su territorio. Sin embargo, al llegar al crucero de la Colonia Reforma, fueron interceptados por un grupo de encapuchados armados que bloqueaban el paso con el argumento de un supuesto “cerco sanitario”. En ese momento se registraron disparos de arma de fuego que dejaron varios comuneros heridos.
Pese a la agresión, la asamblea fue realizada horas después con resguardo de la Guardia Nacional. Pero al llegar a Huazantlán, los comuneros fueron recibidos con más disparos por parte de un grupo armado que, según los testimonios, había sido enviado por la presidencia municipal encabezada entonces por Bernardino Ponce Hinojosa. El saldo: 15 personas muertas y decenas de heridos.
Este conflicto, aseguran, fue provocado por la imposición del propio Ponce como autoridad municipal, respaldado por Jorge Arroyo y el PRI, en abierta violación a los sistemas normativos indígenas reconocidos por la ley. Desde entonces, la comunidad ha sido blanco de amenazas, persecuciones y órdenes de aprehensión en contra de quienes han denunciado los hechos.
Los representantes comunales subrayaron que la verdadera reconstrucción comenzó con la destitución de Ponce y la creación, en septiembre de 2023, de la Comisión de Paz y Concordia. Este órgano tiene como objetivo principal recuperar la estabilidad social y la justicia para las víctimas, sin interferencias externas.
La preocupación actual es que Jorge Arroyo se ha presentado como asesor y vocero de un grupo de familiares de las víctimas, lo que para los denunciantes no es más que una maniobra para evitar responsabilidades y continuar manipulando la narrativa a su favor.
Exigen a las autoridades estatales y federales investigar a fondo su participación en los hechos violentos y poner fin a su intervención en la región huave. “No se puede hablar de paz mientras quienes promovieron la violencia continúan operando impunemente”, concluyeron.
